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La concejal Denisse Stillger impulsa una reforma para suprimir el organismo. La propuesta generó cuestionamientos por el ahorro real y la protección de los derechos de los vecinos.
Imagen ilustrativa generada con IA
La ciudad de Neuquén abrió un nuevo debate sobre el gasto público. La concejal Denisse Stillger presentó una iniciativa para eliminar la Defensoría del Pueblo y destinar a obras públicas el dinero que se ahorraría con esa medida.
El proyecto, impulsado políticamente por Leandro López, presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén, calcula que el organismo cuesta alrededor de 600 millones de pesos anuales. Sus promotores consideran que varias de sus funciones podrían ser asumidas por otras dependencias municipales.
La propuesta contempla trasladar a los empleados de planta permanente al Ejecutivo, conservando sus condiciones laborales. Esto significa que el ahorro efectivo sería menor que el presupuesto total de la Defensoría.
El actual defensor del Pueblo, Gustavo Pereyra, rechazó la iniciativa. Sostuvo que el organismo cumple una función independiente de protección ciudadana y propuso reducir gastos en asesores del Concejo Deliberante antes que eliminarlo.
La discusión tiene una consecuencia importante para los vecinos: la Defensoría puede intervenir frente a actuaciones u omisiones del propio municipio. Esa autonomía está reconocida en el artículo 97 de la Carta Orgánica.
Para concretar su eliminación sería necesaria una modificación de esa norma y una consulta popular. Por ahora, se trata de una propuesta, no de una decisión vigente.
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