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La Fiscalía vinculó el caso con un episodio del 1 de enero en el que habría intervenido una adolescente. La jueza abrió una investigación de cuatro meses.
Imagen ilustrativa generada con IA
Una mujer fue imputada en Cipolletti por presuntas amenazas contra una empleada de una heladería. La formulación de cargos se concretó en una audiencia realizada este miércoles 18 de noviembre y está vinculada con un episodio denunciado del 1 de enero de 2026, según la información difundida por medios regionales sobre la exposición del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con la reconstrucción que presentó la fiscal Alejandra Altamira, la acusada se habría acercado al local, situado en la calle Mengelle al 1100, para cuestionar la atención recibida por su padre. La Fiscalía sostiene que durante esa discusión intimidó a la trabajadora y le anticipó que su hija adolescente regresaría para agredirla.
La acusación describe una segunda visita esa misma noche. Aproximadamente a las 21:30, la mujer habría vuelto con su hija, de 15 años. Según la versión fiscal reproducida por los medios, la adolescente ingresó detrás del mostrador con una picana eléctrica y habría golpeado a la empleada. A la madre se le atribuye haber alentado la agresión y pronunciado nuevas amenazas antes de retirarse.
La trabajadora recibió atención médica por molestias en la cabeza y el cuello, conforme a lo presentado durante la audiencia. Entre los elementos mencionados por la Fiscalía figuran la denuncia, documentación médica, registros de cámaras de seguridad del comercio y el secuestro de un dispositivo eléctrico presuntamente utilizado en el episodio. Esos elementos integran la investigación, pero su valoración judicial continúa pendiente.
En la audiencia intervino el defensor oficial Marcelo Caraballo. Según las crónicas consultadas, no planteó objeciones en esa instancia a la descripción fiscal ni a la calificación legal. Esa posición procesal no equivale a una admisión de culpabilidad ni a una sentencia.
La jueza de garantías Sonia Martín tuvo por formulados los cargos y abrió la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. La figura atribuida a la mujer es la de presunta autora de amenazas simples, no una condena por la agresión física. La intervención de la adolescente se menciona únicamente para contextualizar la acusación contra la adulta; su identidad permanece protegida.
La novedad judicial es la formulación de cargos de noviembre. Los hechos investigados se remontan a enero, una distinción necesaria para comprender tanto la cronología como la etapa actual del expediente.
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