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El Tribunal de Impugnación cuestionó por mayoría decisiones de la jueza Pelosso. La causa vuelve a una instancia previa al juicio ante otro magistrado.
Imagen extraída de la nota original publicada por el medio online de referencia. No constituye un registro fotográfico propio de La Guía.
El Tribunal de Impugnación de Neuquén anuló por mayoría las decisiones tomadas durante el control de acusación de la causa Viento Sur y ordenó repetir esa instancia ante otro juez o jueza de garantías. La resolución se conoció el miércoles 18 de noviembre de 2026 y deja sin efecto, entre otras medidas, los sobreseimientos que habían beneficiado a dos exministros provinciales.
La causa investiga un presunto desvío de fondos públicos relacionado con la cooperativa Viento Sur y un programa de capacitación durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez. La existencia de esa acusación no implica que los hechos ni las responsabilidades penales estén probados.
El fallo respondió a un planteo de la fiscal del caso, Rocío Rivero, y del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Según expusieron, la jueza de garantías Natalia Pelosso excedió las facultades propias del control de acusación del 5 de octubre al valorar evidencia, modificar calificaciones y grados de participación, conceder suspensiones del juicio a prueba y excluir una testigo.
El voto mayoritario fue fundamentado por la jueza Estefanía Sauli, quien entendió que Pelosso había abordado cuestiones reservadas para un eventual juicio. El juez Federico Sommer acompañó ese criterio. El tribunal también dispuso que las audiencias previas alcanzadas por la nulidad deban rehacerse según el nuevo trámite.
Hubo una postura distinta. El juez Richard Trincheri votó en disidencia y sostuvo que la magistrada había respondido a planteos de las defensas, por lo que consideraba posible analizar esos puntos durante la etapa intermedia. La decisión, por tanto, no fue unánime.
Los exfuncionarios alcanzados por los sobreseimientos anulados son Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino. La Fiscalía de Estado se sumó al planteo presentado por el Ministerio Público Fiscal.
Lo que viene ahora no es una sentencia ni el comienzo automático de un debate oral: la Oficina Judicial deberá designar a otro magistrado para realizar un nuevo control de acusación. Allí se volverá a definir, de acuerdo con las reglas procesales, cómo continúa el caso y qué planteos deben resolverse antes de una eventual etapa de juicio.
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