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El dictamen aprobado en comisión prevé autorización de Jefatura de Gabinete para cubrir cargos vacantes. La iniciativa todavía necesita tratamiento legislativo.
Imagen ilustrativa generada con IA
El proyecto de Presupuesto 2027 que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados contiene disposiciones para limitar el crecimiento de las dotaciones de personal de la Administración Pública Nacional. El texto todavía no es ley: el oficialismo busca llevarlo al recinto el 25 de noviembre y, si consigue media sanción, deberá continuar su recorrido en el Senado.
Los artículos 6 y 7 establecen controles sobre los cargos y las horas de cátedra autorizados para organismos nacionales. Según el texto citado por TN, el artículo 6 impide aprobar incrementos por encima de los límites fijados, salvo autorización fundada del jefe de Gabinete y con intervención de la Secretaría de Hacienda.
El artículo 7 agrega una restricción para cubrir vacantes existentes o futuras: los organismos deberán contar con autorización previa del jefe de Gabinete. Esto incluye puestos que ya estuvieran desocupados cuando la norma entre en vigencia y los que queden libres después.
La propuesta contempla excepciones para determinadas funciones públicas, entre ellas sectores de seguridad, defensa, servicios exteriores, profesionales de establecimientos asistenciales y personal vinculado con el manejo del fuego. También incluye supuestos relacionados con sentencias judiciales firmes y otras categorías específicas.
Otro aspecto es la obligación de informar periódicamente sobre las plantas de personal y las contrataciones. La Secretaría de Hacienda debería publicar datos en formato accesible dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a cada trimestre, de acuerdo con el esquema descrito en el proyecto.
El Gobierno sostiene una política de control del gasto y reducción de estructuras. Sin embargo, las restricciones propuestas no equivalen a una prohibición absoluta de contratar: el propio articulado contempla autorizaciones y excepciones.
El oficialismo consiguió dictamen en comisión con el apoyo de legisladores aliados, pero todavía necesita reunir votos en el recinto. Hasta que termine el trámite parlamentario, las disposiciones anunciadas deben entenderse como contenido de una iniciativa legislativa y no como obligaciones nuevas ya vigentes.
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