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El decreto 1391/2026, publicado el 19 de noviembre, redistribuye y amplía créditos nacionales. La medida no establece por sí misma un aumento individual de jubilaciones.
Imagen ilustrativa generada con IA
El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1391/2026, firmado el 18 de noviembre y publicado este jueves 19 en el Boletín Oficial. La norma refuerza partidas de la administración nacional para prestaciones previsionales, asignaciones familiares, salud, empresas públicas, funcionamiento estatal y servicio de deuda.
El texto oficial fundamenta la adecuación en la necesidad de sostener servicios y obligaciones a cargo del Estado. Uno de los principales destinos es la ANSES, con créditos para prestaciones de jubilaciones y pensiones vinculadas con la movilidad, refuerzos de ingresos previsionales y asignaciones familiares. También prevé recursos para la prestación por desempleo y el Plan 1000 Días.
El DNU incorpora mayores fondos para transferencias de ANSES al PAMI relacionadas con las retenciones efectuadas sobre los haberes previsionales. En paralelo, contempla partidas para la caja de retiros de la Policía Federal y el organismo que paga retiros y pensiones militares, entre otros conceptos.
El área de Salud tendrá mayores créditos para pensiones no contributivas y el programa Incluir Salud, orientado en esta modificación a atender deudas con prestadores en el marco de la emergencia nacional en discapacidad. La norma también abarca transferencias para organismos y empresas como FAdeA, Tandanor, Educ.ar y Radio y Televisión Argentina.
En materia financiera, el artículo 3 amplía en $78,7 billones la autorización para operaciones de crédito público con plazo mínimo de amortización de 90 días. Ese monto no debe confundirse con gasto directo ni con fondos que ya hayan sido ejecutados. La agencia Noticias Argentinas informó, además, una ampliación de gastos de unos $15,6 billones y una reducción del superávit presupuestado.
La medida modifica el destino de un aval para obras hídricas y de saneamiento en Córdoba e incorpora otro para defensas contra inundaciones en Santa Fe. También readecua partidas para atender compromisos financieros de la deuda pública nacional.
Para jubilados, pensionados y familias, la distinción central es que el decreto financia obligaciones y previsiones existentes: no fija por sí mismo un nuevo porcentaje de aumento en cada prestación. La norma establece su vigencia desde la publicación y dispone dar cuenta a la comisión bicameral del Congreso, como corresponde al trámite de un DNU.
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