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Balacera en Bariloche: seguirá detenido el imputado hasta el control de acusación

El juez César Lanfranchi mantuvo la prisión preventiva de Franco Nahuelpan. La decisión se basa en el riesgo de que pueda interferir en la investigación.

La Guía informa ✓ · 19/11 22:35

Imagen ilustrativa generada con IA

Franco Nahuelpan, imputado por su presunta participación en un ataque a tiros ocurrido en marzo en Bariloche, seguirá en prisión preventiva hasta el control de acusación. El juez César Lanfranchi rechazó modificar la medida cautelar al considerar que continúa vigente un riesgo de entorpecimiento de la investigación. La decisión fue informada este jueves 19 de noviembre por Diario Río Negro, a partir de los argumentos expuestos en una audiencia judicial.

La causa se relaciona con una balacera ocurrida el 12 de marzo en la zona de la avenida de los Pioneros. De acuerdo con la acusación fiscal, dispararon desde un vehículo contra una camioneta en la que viajaban tres personas. Aunque sus ocupantes no resultaron alcanzados, un proyectil hirió a un estudiante que salía de una escuela cercana. El adolescente es una víctima ajena al enfrentamiento que se investiga.

La Fiscalía atribuye a Nahuelpan el rol de conductor del automóvil desde el que se efectuaron los disparos. Esa atribución es parte de una imputación penal, no de una declaración judicial de culpabilidad. La defensa sostiene que conducir el vehículo no prueba por sí mismo que haya existido un acuerdo para cometer un homicidio y discute la calificación legal presentada por la acusación.

La noticia de ahora no es una nueva imputación por la balacera de marzo, sino la continuidad de una detención preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar que busca resguardar el proceso judicial mientras se investigan y juzgan los hechos. Su mantenimiento no equivale a una condena ni adelanta la decisión que deberá adoptarse sobre la responsabilidad penal del acusado.

Según la crónica de la audiencia publicada por Diario Río Negro, la fiscal Silvia Paolini pidió que la privación de libertad continuara hasta el juicio oral o, como alternativa mínima, hasta el control de acusación. Su principal argumento fue que persiste la posibilidad de que el imputado influya sobre personas relacionadas con el expediente. Señaló que varios involucrados se conocen y viven en el mismo barrio.

En esa discusión se mencionó el temor que, según la Fiscalía, expresó una de las personas afectadas por el ataque. La defensa cuestionó esa interpretación y sostuvo que existiría disposición a buscar una salida alternativa respecto de algunos daños materiales. Son versiones enfrentadas presentadas por las partes: el supuesto temor y una eventual voluntad de acuerdo no deben tratarse como hechos judicialmente establecidos por fuera de las declaraciones reseñadas.

Los abogados Manuel Mansilla y Horacio Brucellaria reclamaron una alternativa a la detención actual. Subrayaron que Nahuelpan se presentó de manera voluntaria en una comisaría al día siguiente del episodio. Para los defensores, esa conducta debe ser considerada al evaluar el riesgo de fuga y también en la apreciación general de la necesidad de mantenerlo bajo prisión preventiva.

La defensa insistió además en que no existen indicios concretos de presiones ejercidas por su asistido sobre testigos durante el tiempo que estuvo detenido. Entre las opciones que puso sobre la mesa figuraron una prohibición de acercamiento y la posibilidad de control electrónico. La Fiscalía se opuso a reemplazar la medida al considerar insuficientes esas herramientas ante las circunstancias particulares del caso.

La discusión procesal incluye un antecedente señalado en la propia audiencia: según la acusación, el imputado llevaba un dispositivo electrónico de seguimiento cuando sucedió la balacera investigada. La fiscal utilizó ese dato para cuestionar la eficacia de volver a imponer un control semejante. La referencia forma parte de su argumentación en esta causa y no sustituye la evaluación judicial de cada medida.

Otro punto controvertido es cómo corresponde calificar penalmente la participación atribuida al conductor. Brucellaria planteó que los elementos conocidos permitirían hablar de abuso de armas en lugar de las figuras de tentativa de homicidio que sostiene la acusación. La defensa remarcó que quien habría disparado fue otro ocupante del vehículo y negó que se hubiera demostrado un acuerdo para matar.

Paolini, por su parte, defendió la hipótesis acusatoria. Según su exposición, la maniobra del automóvil y el momento de los disparos quedaron registrados en un video que la Fiscalía considera una prueba relevante. La existencia y el valor de ese registro fueron discutidos en la audiencia, pero el análisis definitivo de su alcance corresponde a las instancias procesales pertinentes, no a una nota periodística.

La defensa también cuestionó que la investigación siga sin ubicar a otra persona señalada como posible participante. Sostuvo que esa circunstancia no debería convertirse por sí sola en una razón para prolongar la detención de Nahuelpan. La Fiscalía mantuvo su postura acerca del riesgo de entorpecimiento. Son debates diferentes, aunque relacionados: el avance de la investigación, la imputación y las medidas cautelares deben examinarse por separado.

Al resolver, Lanfranchi se concentró en la continuidad del riesgo procesal y dispuso que la prisión preventiva permanezca sin cambios hasta la realización del control de acusación. De acuerdo con la crónica publicada el 19 de noviembre, esa instancia podría desarrollarse dentro de unas dos semanas. El plazo señalado es una previsión informada, no una fecha de audiencia definitivamente confirmada en esta nota.

El control de acusación será relevante porque allí se examinarán los planteos vinculados con la acusación antes de una eventual etapa de juicio. La misma información periodística indica que, una vez superada esa instancia, el magistrado que corresponda deberá decidir sobre la situación cautelar posterior. Por eso el fallo conocido no establece una detención preventiva indefinida ni determina el resultado futuro del proceso.

El caso mantiene una dimensión especialmente sensible por la lesión sufrida por un estudiante en las inmediaciones de una escuela. La información disponible no habilita a dar por probada la intención concreta de cada investigado ni a divulgar detalles personales innecesarios del adolescente. El hecho de que una persona menor haya resultado herida es central para comprender la gravedad del episodio investigado y merece un tratamiento cuidadoso.

En síntesis, la resolución judicial comunicada este 19 de noviembre conserva la medida preventiva vigente y deja pendientes las controversias sobre la calificación penal, las pruebas y las responsabilidades. La Fiscalía y la defensa expusieron posiciones contrapuestas que deberán resolverse en el proceso. Hasta entonces, Nahuelpan continúa imputado y detenido cautelarmente, sin una condena dictada por este episodio.

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