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La Corte rechazó una queja sobre la caza con jauría y no trató el fondo del debate

El fallo del 5 de noviembre dejó en pie la regulación pampeana. No declaró constitucional toda la práctica ni resolvió si el uso de perros constituye maltrato animal.

La Guía informa ✓ · 19/11 22:41

Imagen ilustrativa generada con IA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el 5 de noviembre de 2026 una queja presentada por el Ministerio Público de la Defensa de La Pampa en un expediente sobre caza deportiva con jauría. La decisión dejó en pie el resultado de un proceso provincial que había rechazado un amparo contra la regulación del uso de perros. No significó que la Corte examinara y aprobara, como cuestión de fondo, todos los aspectos de esa práctica.

El caso se tramitó bajo el nombre «Ministerio Público de la Defensa c/ Provincia de La Pampa s/ amparo», identificado en la instancia federal como CSJ 1955/2023/RH1. Su eje era la constitucionalidad de una disposición reglamentaria de la legislación provincial sobre fauna silvestre, en un contexto de debates acerca de la protección animal y las herramientas utilizadas para cazar.

La controversia surgió a partir de una acción impulsada por la defensora civil Ana Carolina Díaz. Según el recuento jurídico de Palabras del Derecho, la presentación cuestionó el artículo 26 del Decreto 2218/94, reglamentario de la Ley pampeana 1194, por habilitar la actividad de caza deportiva con jaurías y establecer reglas relacionadas con su traslado.

Los planteos de la defensa pública sostenían que la utilización de perros para perseguir y sujetar animales podía ocasionar sufrimiento y resultar contraria a normas de protección ambiental y animal. Esa era la posición de la parte demandante; no debe confundirse con una conclusión judicial de la Corte acerca de la existencia de maltrato en cada práctica o episodio.

Una decisión inicial de la justicia pampeana había acompañado el amparo. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa revocó aquella resolución en mayo de 2023 y rechazó la acción. Entre sus argumentos señaló que la ley provincial que regula la caza no prohíbe expresamente el uso de jaurías, por lo que el Poder Ejecutivo podía establecer requisitos para esa modalidad.

La discusión llegó a la Corte nacional después de un recurso extraordinario federal denegado en la provincia. El Ministerio Público de la Defensa presentó entonces una queja, procedimiento mediante el cual pidió al máximo tribunal que revisara el rechazo de la instancia federal. La novedad de noviembre de 2026 es el resultado de esa queja y no una reforma legislativa ni una nueva habilitación administrativa.

La Corte decidió no abrir la revisión del fondo del conflicto. Para resolver, siguió los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal Laura Mercedes Monti, según la reconstrucción publicada por Palabras del Derecho. Entendió que la discusión planteada se relacionaba principalmente con la interpretación del derecho público provincial y que no se había acreditado arbitrariedad suficiente para intervenir.

Otro aspecto fue la manera en que se había delimitado la demanda. La impugnación se concentró en una disposición del decreto y otras reglas derivadas, pero no cuestionó en forma concreta el marco de la Ley 1194 que sostenía las modalidades de caza autorizadas. El planteo de derechos constitucionales y protección ambiental, por sí solo, tampoco acreditó la relación federal directa exigida para el recurso.

La propia reseña del fallo señala una aclaración significativa: el tribunal no emitió pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley provincial 1194 porque esa norma no había sido objeto directo del planteo. Esa precisión impide presentar el pronunciamiento como una aprobación general, definitiva y sin reservas de cualquier método de caza.

El alcance geográfico también importa. La controversia se refiere a la regulación de La Pampa, no a una autorización automática para utilizar jaurías en todas las provincias argentinas. La actividad de caza se encuentra sometida a regímenes locales y a sus respectivas condiciones; una resolución judicial sobre un caso pampeano no sustituye esas normas.

TN difundió el 19 de noviembre una nota que puso el foco en la caza de jabalíes con dogos y en el debate sobre el uso de cuchillos para dar muerte al animal. Esa descripción del método constituye el marco periodístico de la controversia. El objeto jurídico verificado del expediente, en cambio, fue la regulación de la caza deportiva con jauría, especialmente la impugnación del artículo 26 del decreto.

Conviene separar ambas dimensiones para evitar una lectura errónea. Que la resolución permita que se mantenga vigente una regulación provincial no equivale a que la Corte haya aprobado una técnica específica de sacrificio, sus detalles operativos o todas las situaciones que podrían producirse durante una jornada de caza. Esas cuestiones no fueron decididas de manera general en este pronunciamiento.

La discusión pública también involucra al jabalí europeo, especie introducida que genera preocupación por su impacto en ambientes y actividades rurales. TN expuso los argumentos de productores que consideran necesario controlar su expansión, por los daños a cultivos, la alteración de suelos y el riesgo para fauna, ganado o circulación. Estas razones describen el problema de manejo, pero no resuelven automáticamente qué prácticas son admisibles.

Del otro lado, sectores de protección animal y quienes promovieron el amparo sostienen que la persecución con perros puede producir sufrimiento y exponer también a los propios animales utilizados en la actividad. Reclaman que las medidas de control respeten la legislación de protección animal. Es un conflicto entre objetivos y métodos que exige distinguir la existencia de una especie problemática de la legalidad y proporcionalidad de cada herramienta.

Para comprender el estado actual del caso resulta útil repasar sus etapas. El reclamo comenzó en 2022; la sentencia favorable de una instancia inferior fue dejada sin efecto por el tribunal superior pampeano en 2023; y la Corte nacional desestimó la queja en noviembre de 2026. La publicación periodística del 19 de noviembre retomó una decisión judicial ocurrida dos semanas antes.

La continuidad de la habilitación en La Pampa tampoco significa ausencia de controles. La regulación provincial establece requisitos sobre caza y transporte de perros y existen infracciones para conductas que incumplen el régimen. El debate sobre la conveniencia de mantener, reformar o prohibir modalidades concretas corresponde tanto al ámbito legislativo como a eventuales planteos judiciales correctamente delimitados.

La cuestión de fondo, por tanto, no quedó definitivamente resuelta por el máximo tribunal. La Corte examinó las condiciones del recurso que llegó a su conocimiento y dejó subsistente el fallo provincial. Para el lector, la clave es distinguir el rechazo procesal de una declaración general de constitucionalidad: esa diferencia explica por qué el régimen sigue aplicándose en La Pampa sin que el debate sobre el trato a los animales haya sido zanjado.

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