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La Guía informa Redacción propia
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La provincia protege sus tierras productivas para garantizar alimentos y recursos

Neuquén sancionó la Ley 3591 para preservar chacras bajo riego, resguardar canales y ordenar nuevos usos del suelo. La medida interesa al Alto Valle y reabre el debate en Río Negro.

La Guía informa ✓ · 20/11 00:09

Imagen ilustrativa generada con IA

La provincia de Neuquén dio un paso concreto para proteger sus chacras: la Legislatura sancionó la Ley 3591 de Preservación de Tierras Productivas. El nuevo marco apunta a conservar los terrenos agrícolas irrigados, impedir que se fragmenten por emprendimientos incompatibles con la producción y cuidar los canales y drenajes que hacen posible trabajar la tierra.

La discusión importa mucho más allá de los límites de una parcela. En los valles, una chacra depende de una red compartida de agua, caminos y trabajos de mantenimiento. Cuando una zona productiva se transforma en un barrio o en una base de servicios, también pueden cambiar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos vecinos.

La norma establece dos categorías de ordenamiento territorial. Las Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas deberán conservar su destino agropecuario y la capacidad de los sistemas de riego y drenaje. Las Áreas de Reserva para Expansión Productiva permitirán planificar nuevas superficies, con reglas que contemplan los usos legítimos ya existentes.

No se trata de prohibir toda actividad fuera del campo en cualquier rincón neuquino. El alcance se concentra en tierras productivas bajo riego y en las áreas que sean delimitadas de acuerdo con los procedimientos previstos. Por eso, identificar cada zona y coordinar la aplicación con los municipios será parte decisiva de la implementación.

El cambio más visible para los vecinos estará en los proyectos que pretendan convertir suelo agrícola protegido en loteos, urbanizaciones u otros usos incompatibles. La legislación contempla mecanismos de control y sanciones, pero también distingue situaciones anteriores con autorizaciones válidas. Tener una chacra o comprarla no significa, por sí solo, disponer libremente de su destino urbanístico.

La protección incluye una infraestructura que suele pasar inadvertida: acequias, canales, compuertas y drenajes. El sector productivo advierte que una obra que obstruye la circulación del agua puede perjudicar a más de una explotación. Cuidar el riego es cuidar la posibilidad de producir, aun donde las tierras vecinas ya cambiaron de aspecto.

El diagnóstico que acompañó el debate habla de una pérdida cercana a 10.000 hectáreas productivas bajo riego durante la última década. Es una cifra expuesta por autoridades y legisladores provinciales, no una medición independiente realizada por este medio. Más Producción y LA NACION también consignaron datos sobre retrocesos recientes de la actividad frutícola y la expansión de superficies urbanizadas.

La iniciativa tuvo un recorrido legislativo durante 2026. El gobernador Rolando Figueroa la anunció en la apertura de sesiones; luego recibió tratamiento en comisiones, donde se incorporaron observaciones de distintos bloques. El 18 de noviembre, la Cámara la aprobó en general por amplia mayoría; la información institucional posterior confirmó su sanción como Ley 3591 tras el tratamiento correspondiente.

El acuerdo parlamentario no eliminó las diferencias. Desde distintos bloques hubo planteos sobre el respeto a inversiones realizadas antes de la ley, los usos urbanísticos autorizados y las competencias municipales. También se expresaron objeciones desde el PTS-FIT-U, vinculadas con el alcance de la protección y su relación con actividades hidrocarburíferas. Esas posiciones forman parte del debate, no conclusiones verificadas sobre beneficiarios ocultos.

Los productores también pusieron su mirada. Federico Rozza, referente de Centenario y Vista Alegre, explicó en una entrevista con Mejor Informado y AM550 que las inversiones frutícolas necesitan previsibilidad porque pueden transcurrir varios años hasta obtener las primeras cosechas. Su argumento es que los cambios de zonificación durante ese período ponen en riesgo decisiones económicas tomadas a largo plazo.

El secretario provincial de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, vinculó la iniciativa con las dificultades que aparecen cuando los canales y drenajes quedan rodeados por urbanizaciones. El Gobierno también anunció instrumentos de fomento, asistencia e incentivos productivos. Que estén previstos en el marco normativo no significa que todos sus beneficios ya se hayan entregado ni que cada conflicto territorial esté resuelto.

La discusión cruza el río. Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, impulsa junto con cámaras rionegrinas una propuesta de protección equivalente para la provincia vecina, según informaron Más Producción y Mejor Informado. Es una iniciativa en elaboración: la ley neuquina no modifica por sí misma las reglas de Río Negro.

Para localidades del Alto Valle, incluida General Fernández Oro, el caso neuquino abre una pregunta práctica: cómo permitir el crecimiento urbano sin destruir suelo fértil ni afectar una red hídrica construida durante generaciones. La respuesta no depende solo de sancionar una norma. Habrá que seguir la delimitación de áreas, las reglamentaciones, el funcionamiento de los controles y el diálogo entre productores, municipios y propietarios.

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