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El Senado sancionó por unanimidad un régimen permanente de discapacidad

Con 71 votos afirmativos, la norma mantiene pensiones, permite compatibilizarlas con empleo bajo condiciones y prevé reglas para aranceles y pagos a prestadores.

La Guía informa ✓ · 20/11 18:13

Imagen extraída de la nota original publicada por el medio online de referencia. No constituye un registro fotográfico propio de La Guía.

El Senado de la Nación convirtió en ley el jueves 19 de noviembre un nuevo régimen permanente para el sistema de discapacidad. La votación fue unánime entre los 71 legisladores presentes: no hubo votos negativos ni abstenciones. El proyecto, que ya había obtenido media sanción en Diputados, conserva prestaciones previstas durante la emergencia y elimina el límite temporal de ese esquema.

La decisión tiene alcance nacional. Para las personas con discapacidad y sus familias, el eje está en la continuidad de las pensiones no contributivas y de la cobertura de prestaciones. Para los profesionales, instituciones y transportistas que integran el sistema, uno de los puntos relevantes es la actualización de aranceles y el tratamiento de compensaciones pendientes.

La pensión no contributiva por discapacidad se mantiene en el 70% del haber jubilatorio mínimo, con actualizaciones según las reglas previsionales. No se trata de un aumento extraordinario de ese porcentaje. El texto establece requisitos para acceder a la prestación, entre ellos el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y condiciones específicas de ingresos y situación previsional.

Una de las definiciones centrales es la compatibilidad con el trabajo. Quien cobre la pensión podrá desarrollar un empleo registrado o inscribirse en el monotributo si cumple el límite de ingresos previsto. El umbral general informado para esa compatibilidad es de dos salarios mínimos, vitales y móviles, considerando los ingresos de la propia persona.

Cuando el ingreso supere ese tope, el pago de la pensión se suspenderá mientras subsista esa situación. La norma contempla la posibilidad de restablecer la prestación si termina el empleo o si los ingresos vuelven a ubicarse dentro del límite. Por eso, la sanción no equivale a una autorización irrestricta para combinar cualquier remuneración con la pensión.

El régimen también ratifica el uso de un nomenclador de prestaciones, referencia que determina los valores que reconoce el sistema por distintos servicios. Es un punto crucial para centros de atención, profesionales y otras entidades que dependen de esos pagos. La iniciativa establece mecanismos de actualización automática asociados a la movilidad previsional, en lugar de dejar los aranceles congelados indefinidamente.

El financiamiento de estas prestaciones fue uno de los asuntos más discutidos en el tratamiento parlamentario. Según la cobertura de Chequeado, el texto dispone que el presupuesto destinado al área de discapacidad no sea inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. Esa cláusula deberá convivir con las decisiones presupuestarias y administrativas que se adopten para aplicar la nueva ley.

Otro capítulo responde a los reclamos por pagos atrasados. La ley incorpora una cláusula para ordenar las compensaciones que puedan corresponder a prestadores, con obligación para el Poder Ejecutivo de establecer un cronograma. Los plazos comunicados durante el debate incluyen 30 días para fijar el mecanismo correspondiente y 90 días para cumplir las compensaciones alcanzadas, conforme a las condiciones legales.

La cobertura de atención médica a través de Incluir Salud también queda contemplada para titulares de pensiones no contributivas que reúnen los requisitos. La legislación vincula esa asistencia con las prestaciones básicas reconocidas para personas con discapacidad. El alcance concreto de los trámites y controles deberá leerse junto con la reglamentación y las reglas de cada programa.

El texto contempla auditorías periódicas para comprobar la situación de los beneficiarios. Entre los organismos cuyos datos pueden utilizarse están ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas. Es importante distinguir la existencia de controles de una pérdida automática y generalizada de derechos: cada situación debe evaluarse con las garantías y procedimientos previstos.

En la etapa previa a la votación hubo negociaciones y reclamos de organizaciones del sector. El Foro Permanente de Discapacidad convocó a familiares, trabajadores y prestadores frente al Congreso durante la jornada legislativa, según informó LM Neuquén. Los pedidos se concentraron en dar estabilidad al financiamiento, sostener beneficios y resolver atrasos que afectan la prestación cotidiana de servicios.

La Cámara de Diputados había aprobado la iniciativa en octubre por 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. El paso por el Senado completó el trámite parlamentario. La diferencia con la legislación de emergencia es importante: la nueva norma busca establecer reglas permanentes, más allá del vencimiento que estaba previsto para el 31 de diciembre de 2026.

La discusión no se agota con los votos. Chequeado señaló, a partir de datos del Ministerio de Capital Humano, que la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez había descendido entre 2023 y septiembre de 2026. También expuso preocupaciones por la financiación del programa Incluir Salud en el proyecto presupuestario del año siguiente. Son antecedentes del debate, no una medición del impacto futuro de esta ley.

Para familias y prestadores de Fernández Oro, Cipolletti, Allen, Roca y Neuquén, las disposiciones nacionales pueden resultar relevantes en consultas sobre pensiones, atención y aranceles. Sin embargo, no hay en la información consultada un operativo local nuevo ni cambios ya ejecutados en oficinas de la región que permitan anunciar un trámite diferente desde este viernes.

La sanción legislativa es, por lo tanto, un avance institucional concreto, pero no significa que todos los mecanismos estén funcionando de inmediato. La entrada en vigencia depende de la publicación oficial y ciertos aspectos requieren reglamentación. Quienes necesiten resolver una situación individual deberán corroborar los requisitos y procedimientos que informen los organismos competentes.

El dato firme al cierre de esta cobertura es la unanimidad parlamentaria y la aprobación de un sistema con vocación de permanencia. Su alcance real se medirá con la puesta en marcha de los pagos, las auditorías, las reglas de compatibilidad laboral y la continuidad de las prestaciones que la norma procura asegurar.

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