Volver al tablón
La Guía informa Redacción propia
COMUNIDAD

Viento Sur: anulan el control de acusación y Fiscalía apunta a dos exministros

Vignaroli defendió el fallo que dejó sin efecto los sobreseimientos de Di Luca y Chapino. La causa volverá a control de acusación en 2027, sin una definición penal de fondo.

La Guía informa ✓ · 20/11 18:16

Imagen ilustrativa generada con IA

La Fiscalía de Neuquén consideró favorable la decisión judicial de anular la audiencia de control de acusación de la causa Viento Sur, un expediente que investiga presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a una cooperativa de trabajo. El fiscal jefe Pablo Vignaroli sostuvo este viernes 20 de noviembre que corresponde discutir nuevamente la responsabilidad de los exministros Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino.

La resolución que originó sus declaraciones se conoció el miércoles 18 de noviembre. El Tribunal de Impugnación dejó sin efecto decisiones adoptadas por la jueza de garantías Natalia Pelosso durante el control de acusación de octubre, incluida la que había sobreseído a ambos exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la gestión de Omar Gutiérrez.

La nulidad no equivale a una condena, ni implica que los exministros ya hayan sido enviados a juicio. Restablece una etapa judicial en la que deberá evaluarse qué acusaciones y pruebas pueden llegar a un debate oral. Un nuevo juez o jueza de garantías tendrá a cargo ese control después de la designación correspondiente.

El conflicto procesal surgió a partir de la audiencia del 5 de octubre, en la que la magistrada resolvió apartar a dos exministros de la acusación, modificar calificaciones legales y grados de participación atribuidos a otros investigados y conceder suspensiones de juicio a prueba respecto de integrantes de la cooperativa. Esas decisiones fueron impugnadas por representantes del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal del caso Rocío Rivero y Vignaroli objetaron que la jueza hubiera valorado prueba y cuestiones de fondo propias de un eventual juicio, en lugar de limitarse a controlar la legalidad y pertinencia procesal de la acusación. También cuestionaron que se excluyera a una testigo considerada importante por el organismo acusador.

El Tribunal de Impugnación hizo lugar por mayoría a esos planteos. Según la reconstrucción publicada por Diario Río Negro, la jueza Estefanía Sauli y el juez Federico Sommer consideraron que Pelosso excedió las atribuciones de esa instancia. El juez Richard Trincheri votó en disidencia: entendió que la magistrada había podido tratar los planteos de las defensas durante la etapa previa al juicio.

La diferencia entre esos criterios es central para comprender el fallo. No se resolvió si el dinero fue utilizado ilícitamente por cada imputado. El tribunal definió principalmente qué podía decidirse en el control de acusación y qué materias deben quedar para el juicio, si se ordena su realización.

En una entrevista con Línea Abierta, reproducida por LM Neuquén, Vignaroli defendió la necesidad de volver a la instancia procesal con los límites que establece el sistema acusatorio. Afirmó que una jueza de garantías puede examinar la legalidad de la prueba y el encuadre del trámite, pero no resolver anticipadamente controversias que deberían debatirse ante un tribunal de juicio.

Desde la posición del Ministerio Público Fiscal, el programa que financió a la cooperativa tenía un objetivo legítimo: capacitar a integrantes de organizaciones de la sociedad civil en oficios y facilitar su integración laboral. La hipótesis acusatoria apunta a que parte del dinero entregado no se habría utilizado para esos fines.

Vignaroli señaló que la Contaduría General de la Provincia había advertido irregularidades en la ejecución. Según su exposición, los fondos para capacitación se habrían empleado en sueldos, compras de camionetas y terrenos y otras erogaciones ajenas a los objetivos formales del programa. Esos señalamientos son parte de la teoría de la Fiscalía y deberán ser contrastados judicialmente.

La acusación también asigna relevancia al rol de los funcionarios que autorizaron y supervisaron el gasto. El fiscal sostuvo que la ejecución del programa recaía en los ministros y que ese nivel de responsabilidad administrativa debe ser examinado junto con las actuaciones de quienes integraban la cooperativa.

Para la defensa de algunos investigados, según lo informado en las audiencias previas, el contexto de emergencia económica justificaba el destino de determinados recursos. Vignaroli rechazó ese argumento y planteó que, si la finalidad era brindar asistencia alimentaria o social inmediata, debían emplearse mecanismos específicamente previstos para ello.

No debe perderse de vista que esa controversia sigue abierta. Que exista una resolución judicial anulando una audiencia no demuestra por sí sola la comisión de administración fraudulenta. Los imputados conservan el derecho a defensa, a cuestionar pruebas y a obtener un juicio imparcial en caso de que la acusación avance.

El origen del expediente está en un programa de capacitación social ejecutado entre 2022 y 2023, durante la gestión provincial anterior. En marzo de 2026, el Ministerio Público Fiscal anunció la ampliación de cargos contra los exministros, vinculados con la autorización de fondos y los controles exigibles sobre su destino.

El Poder Judicial de Neuquén informó oficialmente el 5 de octubre que la acusación alcanzaba a seis integrantes de la cooperativa y a dos exministros. En esa etapa había diferentes tratamientos procesales según el imputado, con un caso enviado a juicio, sobreseimientos y suspensiones de juicio a prueba. La decisión del Tribunal de Impugnación obliga a revisar ese escenario.

El calendario también influye en la continuidad del expediente. LM Neuquén informó que las audiencias de determinación de pena de la causa Planes Sociales, otro proceso diferente, están previstas entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre. Vignaroli explicó que esa agenda es una de las razones por las que el nuevo control de acusación de Viento Sur se espera para el año próximo.

La mención a Planes Sociales requiere una distinción específica. Vignaroli recordó que Di Luca ya tiene una condena en ese expediente y que se discutirá la pena con la nueva calificación legal. Ese antecedente no constituye una condena en Viento Sur, que debe seguir su propio trámite y determinar de manera independiente las responsabilidades que se alegan.

Aunque la noticia principal se refiere a la anulación del control de acusación, las partes todavía deberán participar de una nueva audiencia ante otro magistrado. Allí se volverán a discutir los planteos formales de la Fiscalía y las defensas y, según lo resuelto, se establecerá si la causa queda en condiciones de pasar a juicio.

Por ahora no hay una fecha exacta acreditada para ese nuevo control. La referencia más consistente de las declaraciones y las notas publicadas es 2027; la información original contiene además una mención aislada a los primeros días de diciembre que no se corresponde con su propia explicación posterior de la agenda.

La consecuencia inmediata es concreta: los sobreseimientos dictados en octubre quedaron sin efecto y la investigación vuelve a una instancia procesal previa. La Fiscalía ratificó su acusación, las defensas podrán volver a plantear objeciones y la responsabilidad penal de cada persona continúa sin una definición en esta causa.

Referencias

Comentarios (0)

Todavía no hay comentarios. Sé el primero.

Para comentar tenés que estar registrado. La nota se lee sin login.

Entrar con Google Seguir en el tablón