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La Fiscalía amplió los cargos y la Justicia declaró compleja la investigación. El acusado seguirá en prisión preventiva hasta febrero de 2027.
Imagen extraída de la nota original publicada por el medio online de referencia. No constituye un registro fotográfico propio de La Guía.
La investigación penal contra un entrenador de fútbol de Neuquén incorporó cinco nuevos casos denunciados por adolescentes y ahora comprende a nueve jóvenes. La ampliación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia realizada el 18 de noviembre. La novedad no constituye una sentencia: se trata de una reformulación de cargos dentro de un expediente que continúa en etapa de investigación.
La asistente letrada Cecilia Sabatte expuso la nueva acusación y pidió que el caso recibiera tratamiento de investigación compleja. El juez de garantías Luciano Hermosilla aceptó esa solicitud, unificó los plazos procesales y estableció el 19 de febrero de 2027 como fecha límite para la etapa investigativa. También dispuso que el acusado permanezca en prisión preventiva.
Según la información publicada por Noticias 7, LM Neuquén, Diario Río Negro y Mejor Informado, el hombre trabajaba como entrenador en el Club Unión Vecinal. La acusación se refiere a presuntas conductas ocurridas en ámbitos relacionados con la práctica deportiva. La relación con los adolescentes y sus familias es un elemento relevante de la teoría que presentó la Fiscalía.
La investigación examina si el imputado utilizó la confianza que generaba su función para acercarse a los jóvenes. La Fiscalía describió pedidos de imágenes íntimas a cambio de dinero y presuntas transferencias bancarias. También atribuyó al acusado otras conductas de índole sexual que forman parte de los cargos reformulados; su existencia y responsabilidad deberán determinarse en el proceso judicial.
Uno de los episodios mencionados en la audiencia se relaciona con decisiones deportivas. De acuerdo con la exposición fiscal, un adolescente que se habría negado a enviar imágenes comenzó a quedar entre los suplentes y a ser excluido de convocatorias. La acusación interpreta ese relato como una posible utilización de la posición de autoridad del entrenador para ejercer presión.
Es importante precisar la naturaleza de esta información: son hechos atribuidos por la acusación, no conclusiones definitivas de un tribunal. El expediente contiene distintas figuras penales, entre ellas grooming, abuso sexual simple agravado por la condición de educador y exhibición de material pornográfico. La enumeración de delitos imputados tampoco equivale a una condena.
La causa había comenzado en marzo de 2026 a partir de un primer caso. El 31 de marzo se incorporaron otros tres adolescentes, según las reconstrucciones publicadas sobre la audiencia. Los cinco casos que se sumaron el 18 de noviembre explican que el número total de jóvenes contemplados en la investigación haya pasado a nueve.
La audiencia también tuvo un debate sobre la modalidad de detención. La defensa del acusado no objetó la ampliación de cargos, pero solicitó que la privación de libertad se cumpliera mediante arresto domiciliario. El juez rechazó ese pedido y prorrogó la prisión preventiva por otros tres meses, conforme a las crónicas de la audiencia.
La declaración de investigación compleja tiene consecuencias en los tiempos de la causa. En este caso, permitió ordenar los plazos de un expediente que reúne diferentes episodios y varios adolescentes. La decisión judicial establece una fecha hasta la cual debe avanzar la etapa investigativa, sin que esa fecha deba confundirse con la de un eventual juicio o sentencia.
La Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia interviene como querellante en representación de los jóvenes y acompañó los planteos del Ministerio Público Fiscal. Su participación fue mencionada por los medios que reconstruyeron la audiencia. La información difundida no identifica a los adolescentes, resguardo especialmente relevante por tratarse de denuncias de delitos contra la integridad sexual.
El caso exige distinguir entre el relato de una investigación, una resolución sobre medidas cautelares y la atribución penal final. La resolución conocida avala la reformulación de los cargos y dispone la continuidad de la detención preventiva. No determina por sí misma que cada episodio denunciado haya ocurrido exactamente como sostiene la acusación.
Además de este expediente, el acusado es investigado por la unidad fiscal de Delitos Económicos. Esa pesquisa es distinta y se refiere a presuntas maniobras con créditos solicitados a nombre de otras personas sin su consentimiento. Según los reportes de la prensa regional, allí se registran 17 posibles damnificados. La existencia de ambos expedientes no autoriza a mezclar las pruebas ni a adelantar resultados de ninguno.
Sobre la causa económica, los medios informaron que todavía se examinaban denuncias que podrían conducir a otra formulación de cargos. La información disponible no permite presentar esas presuntas estafas como hechos judicialmente probados. Su mención aporta el estado de otra investigación vinculada a la misma persona, no una explicación de lo sucedido en el ámbito deportivo.
La fecha clave de la audiencia sobre los delitos sexuales fue el 18 de noviembre, mientras que las crónicas periodísticas que describen su resultado se publicaron el 20. Mantener separadas esas fechas resulta indispensable para entender la secuencia de decisiones: primero se ampliaron formalmente los cargos y luego se difundieron los alcances de la resolución.
Por ahora, el dato central es doble: la Fiscalía amplió el alcance de los hechos que investiga y el juez mantuvo la prisión preventiva del imputado. La acusación deberá sostenerse con pruebas y podrá ser controvertida por la defensa en las instancias correspondientes. La causa sigue abierta bajo la presunción de inocencia y con la protección de la identidad de los adolescentes involucrados.
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