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Weretilneck quiere dar rango ministerial a Trabajo por las grandes inversiones

El proyecto separa el área laboral del Ministerio de Gobierno y amplía sus funciones. Regiría desde enero de 2027 si la Legislatura lo aprueba.

La Guía informa ✓ · 20/11 19:07

Imagen extraída de la nota original publicada por el medio online de referencia. No constituye un registro fotográfico propio de La Guía.

El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura de Río Negro un proyecto para elevar la actual Secretaría de Trabajo a la categoría de Secretaría de Estado, con rango ministerial. La reforma forma parte de una reorganización del gabinete provincial que busca darle al área mayor participación en la planificación y supervisión del empleo vinculado con grandes inversiones energéticas, mineras y de infraestructura.

La propuesta fue difundida oficialmente el 18 de noviembre y todavía requiere aprobación legislativa. Por eso, el cambio no está vigente: el Ejecutivo prevé que la nueva estructura comience a funcionar el 1 de enero de 2027, si se sanciona la ley. El proyecto podría tratarse en la sesión del 26 de noviembre, según la cobertura parlamentaria disponible.

La modificación separaría formalmente la política laboral del actual Ministerio de Gobierno y Trabajo, que pasaría a denominarse Ministerio de Gobierno. La Secretaría de Estado de Trabajo dependería directamente del gobernador y tendría jerarquía equiparable a un ministerio, aunque conservaría su denominación de secretaría.

El texto enviado a la Legislatura modifica varios artículos de la Ley de Ministerios 5735 y reubica las competencias que hasta ahora figuran entre las responsabilidades del Ministerio de Gobierno y Trabajo. La crónica del portal legislativo Quorum señala que se trata de los artículos 1, 2, 7, 14 y 23 de esa norma.

El argumento central de Weretilneck es que la Provincia necesita anticipar qué trabajadores requerirán los nuevos proyectos productivos. En el comunicado oficial menciona Vaca Muerta Oil Sur, Argentina LNG y Calcatreu, además de otras inversiones. La iniciativa también contempla actividades asociadas con servicios, industria, logística y nuevas cadenas de proveedores.

El Gobierno plantea una Secretaría con mayor capacidad de planificar formación profesional, coordinar con compañías y organizaciones sindicales, y relacionarse con municipios, universidades y centros educativos. El objetivo declarado es que los proyectos de gran escala creen oportunidades concretas para trabajadores residentes en Río Negro, y no solamente actividad económica de manera general.

Una de las herramientas destacadas es la denominada Ley 80/20, identificada como Ley provincial 5804. La normativa fija prioridades de contratación de mano de obra rionegrina en los términos de su propia regulación. La nueva dependencia tendría entre sus funciones controlar el cumplimiento mediante inspecciones, verificación documental y seguimiento de la contratación de empresas y subcontratistas.

El Ejecutivo diferencia esa fiscalización de una mera declaración de intención de contratar empleados locales. Propone revisar nóminas, analizar altas laborales y actuar sobre incumplimientos. Que exista una obligación legal de prioridad no demuestra por sí mismo cuántos puestos nuevos se crearán: esa será una cuestión a evaluar según avance cada proyecto y se publiquen resultados.

Otro objetivo es reforzar la prevención del empleo no registrado y la vigilancia de las condiciones de trabajo. La Provincia propone ampliar la inspección sobre seguridad e higiene laboral, contratación y prevención de accidentes, particularmente en obras de construcción o actividades industriales con un volumen importante de trabajadores.

Los fundamentos del proyecto, citados por el portal Quorum y Diario Río Negro, señalan que la Secretaría realizó alrededor de 5.500 fiscalizaciones durante 2025 y relevó a 26.479 trabajadores. Esos datos son cifras informadas por el Ejecutivo para justificar la necesidad de mayor capacidad administrativa; no constituyen por sí solos una medición independiente de la eficacia de los controles.

La agenda propuesta también incluye programas de empleo joven y reconversión de trabajadores. Se prevé articular cursos con empresas, sindicatos, universidades, instituciones educativas y municipios, de modo que la capacitación responda a los perfiles técnicos que cada actividad necesitará. La implementación dependerá de recursos, acuerdos y una programación efectiva de las acciones.

La reforma alcanza a las relaciones institucionales dentro del gabinete. El nuevo esquema prevé una autoridad laboral con mayor autonomía y atribuciones, mientras que Gobierno concentraría funciones políticas, municipales, registrales e institucionales. El proyecto faculta asimismo al Ejecutivo a reorganizar personal, servicios y bienes y realizar adecuaciones presupuestarias para instrumentar la estructura.

El contexto político también fue analizado por Diario Río Negro. Su cobertura interpreta la modificación como una consolidación del vínculo del gobernador con sectores de la UOCRA en la región Atlántica y menciona la incorporación de la actual secretaria Marta Avilez al gabinete provincial. Esa lectura es un análisis del medio; no debe confundirse con una finalidad expresada literalmente en el comunicado oficial.

La discusión legislativa tendrá varias preguntas relevantes: qué facultades nuevas se establecen, cómo se organizará la fiscalización, cuáles serán los recursos disponibles y de qué modo podrán medirse los resultados de formación y empleo local. Además, el desempeño de la nueva estructura deberá coordinarse con las obligaciones que ya tienen empresas, sindicatos y organismos de control.

El Gobierno presentó la iniciativa como una respuesta a la transformación productiva de Río Negro. En su mensaje, Weretilneck afirmó que el crecimiento de inversiones debe acompañarse con oportunidades laborales y capacitación para los habitantes de la provincia. Esa es la meta oficial, mientras que la capacidad real de convertirla en empleos se conocerá a partir de proyectos concretos y datos verificables.

En lo inmediato no cambia la organización legal del gabinete ni se crean automáticamente nuevos puestos de trabajo. La novedad comprobada es el envío de una reforma institucional, con una fecha prevista de implementación condicionada a su aprobación. El próximo hito será la deliberación legislativa sobre el alcance y las responsabilidades de la Secretaría de Estado de Trabajo.

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