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Burlando respaldó la condena de 12 años a Pity Álvarez por homicidio

El abogado de la familia de Cristian Díaz consideró adecuada la sentencia. La detención será domiciliaria cuando finalice la internación actual del músico.

La Guía informa ✓ · 20/11 20:07

Imagen ilustrativa generada con IA

El abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Cristian Maximiliano Díaz, expresó su conformidad con la condena a 12 años de prisión impuesta al músico Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio ocurrido en Villa Lugano en 2018. Habló con la prensa y con TN pocos minutos después del veredicto anunciado este viernes 20 de noviembre y sostuvo que la sentencia resultó adecuada.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires declaró a Álvarez autor del homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. La resolución también ordenó su detención, que deberá cumplirse bajo modalidad domiciliaria cuando termine la internación involuntaria que actualmente atraviesa en el marco de otro proceso judicial.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. El tribunal estuvo integrado por Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan Ramos Padilla. El fiscal general Sandro Abraldes había pedido una pena de 18 años y seis meses durante los alegatos, superior a la finalmente fijada por los jueces.

La víctima, Cristian Maximiliano Díaz, tenía 36 años cuando fue asesinada en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante el juicio, una discusión entre ambos terminó cuando el músico le disparó con una pistola. El caso llegó a sentencia luego de más de ocho años.

En declaraciones recogidas por TN, Burlando consideró correcta la graduación de la pena y destacó que se trataba de la primera condena del músico, sin antecedentes penales previos. También anticipó que, por parte de la representación de la familia, no tienen previsto apelar la resolución conocida. Su valoración sobre el tribunal y la pena expresa la posición de la querella.

El abogado se detuvo en la relación entre la situación de salud de Álvarez y su responsabilidad por el homicidio. Reconoció que el músico atraviesa un cuadro clínico complejo, pero afirmó que, en su criterio, ese contexto no lo eximía de responsabilidad por el hecho. La frase que motivó la repercusión fue: “Pero estaba en su sano juicio y asesinó”.

Esa expresión corresponde a la interpretación del abogado de la familia y no debe confundirse con un diagnóstico médico independiente. La capacidad de culpabilidad fue materia del proceso penal, mientras que el estado clínico actual y las condiciones de internación se rigen por las decisiones judiciales correspondientes. La condena deriva del pronunciamiento del tribunal, no de una opinión aislada sobre la salud del acusado.

El músico no estuvo presente cuando se leyó el veredicto. Según informó la Fiscalía, había participado por videollamada de una instancia anterior de la audiencia y decidió no conectarse para escuchar la resolución final. Continuaba internado en una clínica y su situación médica fue parte de la discusión sobre el modo de cumplimiento de la pena.

La resolución del tribunal establece controles para la modalidad domiciliaria. La Fiscalía informó que se utilizará un dispositivo de vigilancia electrónica y que la defensa debe indicar un domicilio y una persona de referencia. Si el condenado no cumple con los requisitos, el tribunal podrá disponer su traslado al Servicio Penitenciario Federal. La modalidad no equivale a libertad ni elimina la condena a prisión.

Burlando defendió esa decisión porque considera necesario que Álvarez esté sometido a supervisión. Recordó que el músico había atravesado parte del proceso en libertad y cuestionó ese escenario. En sus declaraciones, distinguió la necesidad de atención clínica del control judicial tras una condena por un delito grave.

La familia de Díaz fue otro centro de sus comentarios. El letrado expresó que el fallo representa una respuesta judicial que los allegados necesitaban. También habló sobre las posibles formas de reparación a las víctimas, en especial cuando existen menores involucrados, y manifestó su preocupación por asegurar condiciones materiales básicas para ellos.

La cobertura de TN informó además que los jueces absolvieron al músico de la imputación por portación de arma y que no resolvieron todavía un pedido de salidas laborales planteado por su defensa. Los abogados de Álvarez anticiparon que volverían a insistir con esa solicitud. La discusión sobre eventuales permisos es distinta de la condena ya impuesta por homicidio.

Durante el juicio, la Fiscalía aportó declaraciones de testigos presenciales, peritajes balísticos y la reconstrucción del episodio. El comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal describe que el arma fue utilizada durante el enfrentamiento con la víctima y que el acusado se entregó al día siguiente. Esos elementos formaron parte del debate que permitió al tribunal atribuir responsabilidad penal.

La sentencia llegó después de un proceso extenso, con audiencias, incidentes procesales y análisis de las condiciones de salud del músico para participar. La discusión no quedó reducida a la trayectoria artística del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados: se trató de establecer responsabilidad por la muerte de una persona y de decidir la pena correspondiente.

La reacción de Burlando fue difundida en un clima de enorme repercusión mediática por tratarse de una figura conocida de la música argentina. Sin embargo, la información judicial más relevante es concreta: hubo una condena penal por homicidio agravado, se fijaron doce años de prisión y se definió una modalidad de detención sometida a controles y condiciones.

Aún deben conocerse el desarrollo posterior de las cuestiones de cumplimiento y los planteos que eventualmente realicen las partes. El abogado de la familia anunció conformidad, mientras que la defensa podrá ejercer los recursos y pedidos que correspondan. La sentencia del 20 de noviembre cierra una etapa central del proceso, sin que todas las decisiones sobre ejecución de la pena estén necesariamente concluidas.

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