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La presentación apunta a los riesgos que Alibaba habría minimizado ante inversores. La demanda busca indemnizaciones por un monto aún no especificado y no implica una condena.
Imagen ilustrativa generada con IA
Una demanda presentada el jueves 19 de noviembre en un tribunal federal de Manhattan puso a Alibaba en el centro de un conflicto judicial relacionado con la inteligencia artificial. Accionistas de la compañía china la acusan de haber ocultado o minimizado información sobre sus vínculos con Megaspeed, una empresa de Singapur investigada por posibles infracciones a los controles estadounidenses de exportación de semiconductores.
La presentación, divulgada por Reuters, busca convertirse en una acción colectiva. La accionista Withida Bihan aparece como demandante y solicita compensaciones económicas cuyo monto no fue precisado. El reclamo abarcaría a personas que tuvieron certificados de depósito estadounidenses de Alibaba entre el 23 de mayo de 2024 y el 11 de noviembre de 2026.
Se trata de acusaciones formuladas por inversores, no de una condena contra Alibaba. Los demandantes sostienen que la empresa subestimó en sus informes anuales de 2024, 2025 y 2026 el riesgo de que supuestas infracciones a los controles de exportación afectaran su actividad. La discusión judicial se concentra en la información que la compañía debía brindar a quienes invirtieron en sus acciones.
El director ejecutivo de Alibaba, Eddie Wu, también fue incluido entre los demandados, según el reporte de Reuters. Al momento de conocerse la presentación, Alibaba no había respondido a las consultas de esa agencia. La falta de una respuesta inmediata no permite inferir aceptación de las acusaciones.
Megaspeed comercializa capacidad de procesamiento informático mediante equipamiento de alto rendimiento alojado en centros de datos del sudeste asiático. Ese servicio puede resultar importante para las empresas que trabajan con inteligencia artificial, porque les permite contratar potencia de cálculo sin ser necesariamente propietarias de los chips utilizados. Las autoridades investigan posibles irregularidades relacionadas con las restricciones comerciales estadounidenses aplicables a esa tecnología.
La atención sobre Megaspeed aumentó a raíz de informaciones sobre Alice Huang, ejecutiva de esa firma, y su relación personal con Jensen Huang, quien dejó el cargo de director ejecutivo de Nvidia en noviembre de 2026. Aunque comparten apellido, no son familiares. Las versiones periodísticas sobre supuestos vínculos con servicios de inteligencia deben mantenerse como alegaciones, sin atribuirles un valor de prueba judicial.
Un documento oficial aporta contexto concreto sobre Megaspeed, aunque no prueba los cargos formulados contra Alibaba. Los departamentos de Comercio y Justicia de Estados Unidos informaron conjuntamente el 16 de noviembre que Comercio abrió una investigación sobre la empresa singapurense en 2024, tras detectar actividad considerada sospechosa en materia de posible desvío de semiconductores sensibles.
Las autoridades explicaron que en mayo de 2025 solicitaron a Nvidia documentación relacionada con ventas directas o indirectas a Megaspeed. En junio del mismo año, Nvidia incluyó a la firma entre los clientes a los que no vendería equipos. Ese mes hubo además una inspección presencial conjunta de funcionarios estadounidenses y singapurenses para revisar el uso final de tecnología.
Según el comunicado, los funcionarios entrevistaron a Alice Huang y, posteriormente, el Departamento de Justicia asumió la conducción de una investigación penal sobre Megaspeed. Una investigación en curso no equivale a una declaración de culpabilidad. Tampoco ese documento gubernamental acredita que Alibaba haya engañado a sus inversores, que es precisamente la materia del nuevo litigio.
La demanda sostiene que el valor de los títulos de Alibaba sufrió una baja de alrededor de 14% durante cuatro días de negociación. Los accionistas relacionan ese movimiento con informes periodísticos sobre conexiones entre Alibaba, Megaspeed y personas mencionadas en la controversia. Esa interpretación de la caída bursátil pertenece a los demandantes y todavía no constituye una conclusión de un tribunal.
Parte de la pérdida fue vinculada por los inversores a una publicación de Reuters del 12 de noviembre. El artículo advertía que el caso podía generar restricciones estadounidenses más severas para el acceso remoto de empresas chinas de inteligencia artificial a procesadores de alto desempeño. El endurecimiento de los controles era una posibilidad planteada en aquella cobertura, no un hecho que deba darse por consumado.
Los chips avanzados son una pieza relevante para los servicios de computación en la nube y para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Por eso, las normas que regulan su venta y utilización afectan decisiones sobre infraestructura, proveedores y operaciones comerciales. Sin embargo, de esa importancia general no se desprende automáticamente cuánto perdería una empresa concreta por una determinada regulación.
En medio de la controversia, Eddie Wu aseguró el jueves que Alibaba mantenía sus objetivos hacia 2030: ingresos externos de nube por 100.000 millones de dólares y un margen del 20% antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Son metas comunicadas por la conducción de la compañía, no resultados obtenidos ni proyecciones aseguradas.
La empresa participa además en otro litigio con el gobierno de Estados Unidos sobre su inclusión en una nómina de empresas consideradas vinculadas al ámbito militar chino. Reuters informó que en octubre un juez federal de California otorgó una medida cautelar relacionada con límites contractuales aplicables a firmas con representantes compartidos con esas compañías. Es una controversia separada de la demanda de accionistas.
En la acción iniciada en Manhattan deberá establecerse qué información correspondía divulgar, qué comunicó efectivamente Alibaba al mercado y si hay fundamentos para atribuirle perjuicios económicos. Por ahora, el hecho acreditado es la presentación de la demanda y la existencia de investigaciones oficiales sobre Megaspeed. Ninguna de esas circunstancias, individualmente o sumadas, reemplaza una sentencia sobre la responsabilidad que se alega.
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