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Sea Lion: Navitas busca reemplazar a dos contratistas mientras espera el Tribunal del Mar

Rockhopper informó que su socia intenta mantener el cronograma petrolero en Malvinas. La decisión sobre las medidas provisionales pedidas por Argentina está prevista para el 28 de noviembre.

La Guía informa ✓ · 20/11 21:20

Imagen ilustrativa generada con IA

El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca al norte de las Islas Malvinas, sigue siendo escenario de una disputa económica y jurídica entre las compañías que impulsan su desarrollo y la posición del Estado argentino. Este viernes 20 de noviembre, Rockhopper Exploration informó que su socia y operadora, Navitas Petroleum, está avanzada en el reemplazo de dos contratistas que manifestaron que no realizarían trabajos por las medidas de sanción anunciadas desde la Argentina.

El comunicado fue distribuido mediante el servicio de información regulatoria de la Bolsa de Londres y se basa en los estados financieros del tercer trimestre de Navitas. Según la comunicación empresaria, los proveedores afectados dejaron de cumplir compromisos contractuales, en la calificación de las compañías. El informe no presenta sus identidades ni permite determinar de manera independiente el alcance preciso de cada contrato.

La novedad es que Navitas dice estar gestionando sustitutos para esos servicios y que, a la fecha de su declaración, no prevé un perjuicio material sobre el desarrollo general o su cronograma. Ese pronóstico pertenece a la operadora; no demuestra que todos los riesgos hayan desaparecido. La búsqueda de nuevos contratistas, justamente, confirma que las decisiones empresariales vinculadas con las medidas argentinas tienen consecuencias operativas.

Rockhopper es una empresa británica con participación en las licencias del área de Malvinas Norte. En su comunicación a inversores indicó que posee un 35% de interés en esas licencias y recordó que descubrió el yacimiento Sea Lion en 2010. Navitas es su socia operadora en el proyecto de desarrollo petrolero. Las actividades previstas y sus autorizaciones son objeto de controversia con Argentina.

El Gobierno argentino sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos asociados, y cuestiona las actividades de explotación de recursos hidrocarburíferos desarrolladas sin su consentimiento. En esta controversia, las medidas de posible sanción a empresas y contratistas constituyen una de las herramientas que invoca para intentar frenar el avance del proyecto.

La respuesta de los socios empresariales ha sido buscar continuidad operativa. Rockhopper comunicó que Navitas realizará otros ajustes si resultan necesarios y mantuvo su previsión de no alterar materialmente el calendario del desarrollo. No informó que ya hubiera completado todos los reemplazos ni que las empresas se hubieran reincorporado a la obra.

Un componente técnico relevante es el buque flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocido por la sigla FPSO. Según la comunicación regulatoria, el reacondicionamiento de la unidad OSX2 está previsto para 2027, con destino posterior al área central de desarrollo de Sea Lion. Es una etapa planificada de infraestructura petrolera; el anuncio no significa que la unidad ya se encuentre operando allí.

Diario Río Negro indicó que el inicio de producción se proyecta para 2028. Esa fecha es una expectativa del cronograma empresario y depende de condiciones técnicas, comerciales y jurídicas futuras. No debe leerse como una fecha de primera extracción garantizada ni como un resultado ya autorizado por la controversia internacional pendiente.

El expediente judicial incorpora un segundo calendario, distinto del operativo. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar informó oficialmente el 18 de noviembre que dará a conocer el sábado 28 de noviembre de 2026 una orden sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina en el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico sudoccidental, contra el Reino Unido.

Las audiencias se celebraron los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, según la comunicación del tribunal. Argentina solicitó, entre otras medidas, que el Reino Unido adopte acciones para impedir nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura productiva relacionada con Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte, además de otras peticiones vinculadas con información, ambiente y actos que pudieran agravar la disputa.

El Reino Unido pidió al tribunal que rechace las medidas solicitadas por Argentina. Esa contraposición de posiciones consta en el comunicado judicial y deja en claro que existe una controversia abierta. Al momento de este informe, el tribunal todavía no había comunicado su decisión: anticipar un fallo favorable a cualquiera de las partes sería improcedente.

Además, la decisión prevista para el 28 de noviembre se refiere a medidas provisionales, no a un pronunciamiento definitivo sobre la soberanía de las islas. Confundir ambas cuestiones distorsionaría el alcance de la actuación judicial. El tribunal tendrá que pronunciarse sobre los pedidos sometidos a esta instancia específica, conforme a sus reglas y a los argumentos presentados.

Las dos líneas de acontecimientos interactúan, pero no son idénticas. Por un lado, las empresas intentan resolver sustituciones contractuales y sostener un programa de inversión. Por otro, Argentina impulsa acciones diplomáticas y jurídicas y el Reino Unido objeta las medidas pretendidas. El avance de una negociación comercial no determina el resultado judicial; del mismo modo, el calendario judicial no acredita por sí solo una paralización inmediata de todos los trabajos.

El alcance real de eventuales sanciones depende de su contenido, ejecución y efectos sobre compañías concretas. El anuncio de Rockhopper acredita la respuesta de dos contratistas según la versión empresarial, pero no permite afirmar que todos los proveedores de Sea Lion hayan retirado su apoyo ni que la producción haya sido cancelada. También evita identificar a los contratistas cuando el comunicado oficial no lo hace.

Para la Argentina, el caso tiene relevancia por el reclamo histórico sobre Malvinas y por el aprovechamiento de recursos del Atlántico Sur. Para el sector petrolero, está en juego un desarrollo de inversión con infraestructura marítima compleja y múltiples proveedores. Son dimensiones diferentes de un mismo conflicto, y requieren separar hechos acreditados de declaraciones de cada parte.

El próximo hito institucional comprobable es la lectura de la orden anunciada por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para el 28 de noviembre. Mientras tanto, la situación empresarial conocida es la búsqueda de reemplazos para dos contratistas y la intención declarada de mantener el cronograma. Ni la continuidad ni la suspensión definitiva de Sea Lion están resueltas por el anuncio del 20 de noviembre.

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