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La norma crea dos categorías de áreas productivas y limita cambios de uso incompatibles con la agricultura. Busca preservar las redes de riego y frenar la fragmentación de chacras frente al crecimiento urbano.
Imagen ilustrativa generada con IA
La Legislatura de Neuquén sancionó la Ley 3591 de Preservación de Tierras Productivas, destinada a proteger los suelos agrícolas que cuentan con riego y drenaje. La norma busca impedir que chacras y otras superficies aptas para la producción se fragmenten en loteos o se destinen a actividades incompatibles con la continuidad de la agricultura. La aprobación definitiva se concretó después del tratamiento en particular del jueves 19 de noviembre de 2026.
La iniciativa fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y recibió respaldo de oficialistas y sectores de la oposición. El proyecto había pasado por comisiones y modificaciones durante el debate. Según la comunicación oficial de la Legislatura correspondiente a la aprobación general, el resultado fue de 26 votos afirmativos y dos negativos; otros medios informaron una cuenta diferente, de 27 a dos, al describir el proceso legislativo.
La discrepancia sobre el número de votos no cambia el dato central: la ley fue sancionada y recibió amplio apoyo parlamentario. Para evitar mezclar instancias de votación, conviene atribuir cada cifra a su fuente y tener presente que el tratamiento general y el particular se desarrollaron en momentos distintos.
El texto establece una zonificación con dos categorías. La primera es la de Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas, destinadas a conservar la función agrícola, la continuidad del suelo cultivable y la capacidad de funcionamiento de canales, acequias y drenajes. Allí se fijan restricciones para evitar transformaciones urbanas o industriales que comprometan la producción.
La segunda categoría es la de Áreas de Reserva para Expansión Productiva. Son sectores previstos para planificar el crecimiento futuro de la actividad agrícola, respetando los usos legítimos que ya existían y las condiciones que establece el nuevo marco. La distinción busca combinar protección de explotaciones consolidadas con posibilidades de ampliar el territorio irrigado.
La lógica no se limita a cuidar una parcela aislada. Los sistemas de riego son redes compartidas: una obstrucción, una obra sobre un canal o un cambio de uso que corte drenajes puede afectar establecimientos que siguen en funcionamiento. Por eso la norma contempla herramientas de control y sanción frente a intervenciones que dañen el suelo agrícola o la infraestructura hídrica.
La Secretaría de Prensa del Gobierno neuquino explicó que también se incluyen instrumentos de promoción e incentivos para ampliar las áreas cultivables, mecanismos de coordinación con los municipios y un canon vinculado al uso del agua. Para conocer la aplicación concreta de cada instrumento serán relevantes los reglamentos, mapas y procedimientos administrativos que se aprueben o publiquen.
La protección interesa especialmente a las zonas del Alto Valle neuquino, donde chacras frutícolas conviven cada vez más con barrios, instalaciones logísticas e infraestructura vinculada al crecimiento energético. Centenario, Vista Alegre, Plottier y San Patricio del Chañar son localidades en las que la presión sobre el territorio productivo aparece de forma recurrente en el debate público.
Durante el tratamiento parlamentario se mencionó una pérdida cercana a 10.000 hectáreas productivas bajo riego en Neuquén durante la última década. Es una estimación citada por autoridades en la discusión y no una medición nueva realizada por este medio. El dato ilustra el argumento de quienes promueven limitar la conversión de tierras agrícolas a otros usos.
En ese contexto, el fraccionamiento puede tener efectos que van más allá del cambio de propietario. Una chacra vendida para sostener su destino productivo no es equivalente a un loteo residencial, una playa de estacionamiento de maquinaria o una instalación industrial. La nueva legislación se orienta al destino del suelo y a la integridad de la red de riego, sin convertir la propiedad privada en un concepto indistinto.
El sector frutícola venía solicitando previsibilidad para inversiones de varios años. Una plantación necesita tiempo antes de alcanzar plena productividad y los productores asumen costos de infraestructura, mantenimiento y tratamiento. La posibilidad de que tierras vecinas cambien rápidamente de uso puede afectar decisiones de largo plazo y la rentabilidad de las explotaciones.
Federico Rozza, presidente de la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre, respaldó el proyecto en declaraciones publicadas por el Gobierno provincial. Sostuvo que responde a una demanda antigua y que preservar las tierras bajo riego aporta al conjunto de la sociedad. Su posición representa a un sector interesado y convive con otras perspectivas sobre el ordenamiento territorial.
En el debate legislativo hubo reparos y desacuerdos. La Legislatura registró observaciones de representantes que buscaron proteger derechos derivados de decisiones inmobiliarias anteriores y del bloque de izquierda que cuestionó la orientación de la iniciativa. La existencia de una mayoría amplia no implica que todos los legisladores hayan coincidido en sus fundamentos.
La ley también procura resguardar las autonomías municipales, cuestión central cuando la regulación provincial de suelos agrícolas se cruza con códigos urbanos locales. Por eso, la aplicación práctica requerirá determinar qué terrenos quedan comprendidos, cuáles son los usos permitidos y cómo se atienden situaciones preexistentes.
La noticia tiene impacto regional. La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén trabaja, según Infobae, sobre una posible propuesta similar en Río Negro. Pero la sanción neuquina no significa que ya exista una ley equivalente aprobada al otro lado del río ni que los criterios de zonificación deban ser idénticos entre provincias.
Con la Ley 3591, Neuquén incorpora un marco específico para conservar tierras productivas y sistemas de riego frente a la expansión de actividades urbanas y otras demandas de suelo. El objetivo está definido por la norma. Su eficacia dependerá ahora de la delimitación de las zonas, la fiscalización de los cambios de uso y la capacidad de compatibilizar producción, vivienda, infraestructura y actividad económica.
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