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Chile avanza con un proyecto para limitar redes sociales a menores de 14 años

La propuesta pasó de una comisión a la Sala de Diputados e incluye verificación de edad y nuevas medidas de protección. Todavía no es una ley vigente.

La Guía informa ✓ · 21/11 20:19

Imagen ilustrativa generada con IA

Un proyecto de ley en Chile propone impedir que menores de 14 años accedan a redes sociales y ampliar las obligaciones de seguridad de las plataformas digitales para niños y adolescentes. La iniciativa, conocida como Entornos Digitales Seguros, fue despachada por la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La restricción todavía no es una ley vigente. La información oficial publicada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el 16 de noviembre de 2026 confirma el avance de la iniciativa, pero todavía queda su discusión y votación en la Cámara. Presentarla como una prohibición ya aplicada en el país sería anticipar un resultado legislativo.

El proyecto propone fijar los 14 años como edad mínima de acceso a redes sociales. También establece obligaciones para que las plataformas verifiquen la edad de sus usuarios con procedimientos que protejan los datos personales y la privacidad de niños y adolescentes. Esa es una de las cuestiones sensibles en la discusión: cómo controlar edades sin convertir el mecanismo en una recolección excesiva de información.

Para adolescentes de 14 a 18 años, el texto contempla resguardos adicionales. Según la descripción publicada por BioBioChile, las cuentas deberían configurarse como privadas por defecto y limitar el contacto no solicitado de adultos desconocidos. La propuesta diferencia, por lo tanto, entre un umbral de acceso y medidas de protección reforzadas para quienes superan esa edad.

Otra parte del proyecto busca impedir el acceso de menores de 18 años a determinadas actividades digitales de mayor riesgo, como apuestas en línea, pornografía y servicios de contenido personal bajo suscripción. En este último caso se incluyen tanto la posibilidad de crear contenidos como la de suscribirse a ellos, según la cobertura del trámite.

La iniciativa no se limita a establecer edades. Sus promotores quieren actuar sobre características del diseño de las aplicaciones que, según sostienen, favorecen la permanencia prolongada frente a una pantalla. En la discusión aparecen el desplazamiento infinito de publicaciones, la reproducción automática de videos y las recompensas asociadas a la frecuencia o duración del uso.

Las obligaciones recaerían también sobre las empresas que diseñan las plataformas. El Ministerio chileno defiende que la responsabilidad de los riesgos digitales no puede quedar exclusivamente en las familias. Se plantea así un marco de corresponsabilidad entre adultos responsables, proveedores tecnológicos y organismos encargados de hacer cumplir las reglas.

El proyecto también contempla nuevas reglas para los datos personales de menores y límites a los mecanismos de recomendación que puedan exponerlos a contenidos de riesgo. Entre los ejemplos mencionados por BioBioChile figuran materiales que promueven autolesiones, suicidio o trastornos alimentarios. Se trata de supuestos que la norma buscaría prevenir y que requerirían criterios de aplicación concretos.

Otro eje es el acceso a herramientas gratuitas de control parental. El propósito declarado es que madres, padres y cuidadores puedan establecer horarios, modificar opciones de privacidad y restringir ciertas funciones. La cobertura del proyecto aclara que esas facultades no implicarían un acceso indiscriminado a las comunicaciones privadas de niños y adolescentes.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia también propone una institucionalidad encargada de fiscalizar las futuras obligaciones. Una regla de edad requiere mecanismos de supervisión y consecuencias ante incumplimientos para tener efecto real. Los detalles operativos y la aplicación efectiva deberán analizarse de acuerdo con el texto final que eventualmente apruebe el Congreso.

La ministra María Jesús Wulf defendió públicamente la necesidad de establecer estándares mínimos para el diseño de servicios digitales. El Ministerio sostuvo que un adulto responsable enfrenta dificultades para competir con mecanismos creados para mantener la atención del usuario y planteó que las empresas deben asumir obligaciones más claras.

Entre los argumentos del Ejecutivo figura el tiempo que adolescentes chilenos dedican a redes sociales. La cartera señaló que superan las 45 horas semanales y presentó esa cifra como la más alta dentro de países de la OCDE. Esa referencia describe un promedio citado por la autoridad y no demuestra que todos los adolescentes tengan los mismos hábitos ni que cada problema de salud o convivencia responda a una única causa.

Durante 2026 se presentaron varias iniciativas parlamentarias relacionadas con seguridad digital de menores. La Comisión de Ciencias refundió cuatro mociones de sectores políticos distintos el 4 de agosto, según BioBioChile. El debate posterior incorporó un trabajo entre legisladores y representantes del Poder Ejecutivo.

El Ministerio señaló que presentó cuatro rondas de indicaciones entre agosto y noviembre, muchas aprobadas de manera transversal. También describió instancias de conversación con organizaciones de la sociedad civil, especialistas y niños y adolescentes. Estos aportes fueron parte de la construcción legislativa, pero no equivalen a la aprobación definitiva de la iniciativa.

La propuesta abarca además la creación de una Política Nacional de Entornos Digitales Seguros y Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. Su objetivo sería articular acciones de prevención, información y acompañamiento. En caso de sancionarse, requeriría coordinación institucional y recursos para evitar que las obligaciones queden solamente en una declaración normativa.

El debate sobre límites de edad incluye interrogantes prácticos que todavía merecen seguimiento: qué métodos de verificación podrían implementarse, cómo proteger los datos que se recolecten y cómo diferenciar servicios con riesgos distintos. La factibilidad de las reglas y la privacidad son cuestiones relevantes tanto para quienes apoyan la iniciativa como para quienes examinan sus efectos técnicos.

Por ahora, no corresponde anunciar sanciones, bloqueos de cuentas o verificaciones que las plataformas deban efectuar inmediatamente por este proyecto. La legislación vigente y las políticas particulares de cada servicio siguen su propio curso hasta que haya cambios aprobados y aplicables.

El paso acreditado es la salida de la propuesta de la comisión y su llegada a la Sala de la Cámara Baja. Allí deberá ser discutida y votada antes de seguir el recorrido legislativo que corresponda. Su contenido puede modificarse durante ese proceso. El resultado final, la fecha de vigencia y la instrumentación todavía dependen de decisiones parlamentarias posteriores.

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