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De cara a las elecciones del Consejo de la Magistratura, la lista Litigantes cuestiona las dificultades de quienes ejercen de forma independiente para preparar concursos.
Imagen extraída de la nota original publicada por el medio online de referencia. No constituye un registro fotográfico propio de La Guía.
La elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de Neuquén abrió una discusión sobre las condiciones que enfrentan los profesionales independientes cuando aspiran a convertirse en jueces. Sebastián Fernández y Ana Lía Facal, candidatos titulares de la lista Litigantes, sostienen que quienes ejercen fuera del Poder Judicial deben asumir costos laborales y personales que dificultan la preparación de los concursos.
El planteo fue presentado por ambos candidatos en una entrevista publicada por LM Neuquén. Según su descripción, un empleado judicial puede solicitar días para estudiar y conservar su puesto si no resulta seleccionado. Un abogado con estudio propio, en cambio, debe mantener audiencias, expedientes y compromisos con clientes mientras dedica tiempo a preparar las evaluaciones.
Se trata de una posición de campaña y no de una conclusión estadística sobre todos los concursos. La diferencia señalada por los postulantes apunta a las condiciones de preparación y continuidad profesional, pero no demuestra por sí sola que los jurados favorezcan a quienes ya trabajan en tribunales. La distinción resulta central para comprender el debate.
La elección está convocada para el 26 de noviembre de 2026. El Poder Judicial neuquino confirmó que se elegirán dos representantes titulares y dos suplentes para el período 2027-2031. Los comicios utilizarán boleta única electrónica y estarán organizados por el Juzgado Electoral provincial.
La lista Litigantes lleva como titulares a Sebastián Fernández y Ana Lía Facal, con Gabriel Alejandro Contrera y Adriana Alejandra Almendra como suplentes. La oficialización fue difundida por el Poder Judicial el 2 de octubre, junto con las otras dos agrupaciones habilitadas para competir.
Abogados y Abogadas Pluralistas presenta a Fabián Alexis Flores y Ana Karina Rojo como titulares. Representación del Interior propone a Matías Dupuy Acosta y María Julia Gómez. Por lo tanto, la elección no se limita a una única mirada sobre el funcionamiento del organismo y sus futuros representantes.
El Consejo de la Magistratura cumple funciones vinculadas con la selección de magistrados y otros cargos judiciales. Por eso, la representación de la abogacía tiene importancia institucional: quienes resulten electos participarán en un espacio donde se examinan antecedentes y capacidades de aspirantes a responsabilidades públicas de gran impacto.
La crítica de Fernández y Facal se concentra en la posibilidad efectiva de competir. Ambos argumentan que el profesional independiente enfrenta una doble exigencia: continuar con su actividad habitual y preparar pruebas de conocimiento y antecedentes. También mencionan las dificultades de organizar la vida familiar y sostener un estudio mientras dura el proceso.
Según la entrevista, los candidatos consideran que la experiencia de litigar aporta una perspectiva valiosa sobre el funcionamiento cotidiano de los juzgados. Señalan que quienes trabajan del otro lado del escritorio conocen los tiempos de los expedientes, las audiencias y los problemas prácticos que atraviesan los ciudadanos que recurren a la Justicia.
El argumento no supone que la experiencia judicial carezca de valor. La cuestión que plantean es cómo evaluar de manera equilibrada trayectorias diferentes. La normativa y los criterios de evaluación incluyen antecedentes, formación y desempeño; cualquier cambio en la valoración debe respetar las reglas aplicables a los concursos.
Los postulantes también mencionaron situaciones que, a su juicio, afectan la prestación del servicio de Justicia. Entre ellas, los conflictos gremiales, la cobertura de vacantes, los tiempos de las órdenes de pago judicial y la adaptación al nuevo procedimiento civil adversarial. Son asuntos distintos, aunque conectados por su impacto en el ejercicio profesional.
Respecto de las vacantes, la entrevista señala particularmente al fuero laboral. Los candidatos manifestaron preocupación por la necesidad de completar cargos y por las demoras que enfrentan quienes esperan resoluciones. Esas apreciaciones corresponden a sus declaraciones y no equivalen a una auditoría independiente del funcionamiento de todos los tribunales.
En materia de pagos judiciales, Fernández y Facal describieron demoras que pueden afectar tanto el cobro de honorarios como la percepción de sumas reconocidas a los litigantes. También indicaron que el Colegio de Abogados había mantenido conversaciones con el Tribunal Superior de Justicia para abordar el problema.
La implementación del Código Procesal Civil Adversarial aparece como otro eje de discusión. Los entrevistados destacaron mayores responsabilidades para los profesionales y la relevancia de la presencia judicial en audiencias. A la vez, consideraron que la transición todavía necesita tiempo y capacitación para consolidarse.
La campaña también obliga a distinguir dos ámbitos de representación: la conducción del Colegio de Abogados y Procuradores y las bancas de la abogacía en el Consejo de la Magistratura. Aunque intervengan agrupaciones con nombres similares, son elecciones diferentes, con funciones y consecuencias institucionales distintas.
La información oficial permite verificar fecha, candidaturas y mecanismo electoral. Las observaciones sobre licencias, costos profesionales y dificultades para concursar proceden de la entrevista de los candidatos. Presentarlas como argumentos atribuidos permite informar el debate sin convertir propuestas de una lista en conclusiones institucionales.
El próximo 26 de noviembre se resolverá quiénes ocuparán la representación de los abogados durante el período 2027-2031. Hasta entonces, el planteo de Litigantes coloca en agenda una pregunta relevante: cómo garantizar concursos exigentes y, al mismo tiempo, condiciones de participación razonables para profesionales con trayectorias laborales diferentes.
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