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El accidente ferroviario dejó 69 muertos y más de 200 heridos. El Gobierno español aprobó ayudas para las víctimas y anunció medidas de seguridad mientras crecen los reclamos políticos.
Imagen ilustrativa generada con IA
España atraviesa una nueva crisis ferroviaria después del choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo. La tragedia dejó 69 personas fallecidas y más de 200 heridas.
Este martes 3 de noviembre, el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó medidas ante el Gobierno y tiene prevista una comparecencia en el Congreso para explicar lo sucedido y responder por la gestión del sistema ferroviario.
El Consejo de Ministros aprobó un paquete de ayudas para los afectados, con compensaciones económicas, anticipos de indemnizaciones y asistencia específica para quienes sufrieron lesiones.
También se anunciaron cambios en los protocolos de seguridad: una doble verificación de determinadas órdenes en los centros de control, mejoras tecnológicas y una revisión de las condiciones de circulación cuando fallan los sistemas de protección.
Puente adelantó que la línea Madrid-Sevilla podría recuperar el servicio en un plazo máximo estimado de diez días desde que la Justicia autorice las tareas de reconstrucción, inicialmente con menos frecuencias.
Mientras tanto, sectores de la oposición y aliados del Gobierno reclaman su renuncia. El ministro rechaza dejar el cargo y sostiene que debe continuar para esclarecer lo ocurrido.
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