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La Guía informa Redacción propia
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Más de 300 organizaciones reclaman una ley para proteger a los chicos en internet

Una campaña nacional pide que las plataformas asuman obligaciones de prevención y refuerza el debate sobre seguridad, pantallas y aprendizaje.

La Guía informa ✓ · 11/11 09:38

Imagen ilustrativa generada con IA

Más de 300 organizaciones y especialistas impulsan en Argentina una campaña para establecer obligaciones legales de protección de niñas, niños y adolescentes en internet. La iniciativa, presentada en octubre con la consigna «Está hecha la trampa, pero no la ley», apunta a la responsabilidad de las plataformas digitales.

Según los impulsores, los controles familiares o las restricciones de edad por sí solos resultan insuficientes. Proponen incorporar medidas de seguridad desde el diseño de los servicios, proteger los datos personales y exigir mayor transparencia sobre los sistemas que recomiendan contenidos.

[[recuadro]]Un reclamo dirigido a las plataformas digitales

Organizaciones de infancia, educación, salud y derechos digitales reclamaron al Congreso argentino una ley nacional que establezca obligaciones de prevención para las plataformas usadas por menores. Buscan seguridad incorporada desde el diseño, protección de datos, verificación de edad respetuosa de la privacidad y controles sobre recomendaciones automatizadas. El planteo también incluye educación digital y participación adolescente. Se trata de una campaña y una propuesta normativa, no de una ley ya sancionada.[[/recuadro]]

Entre las preocupaciones que describen figuran el acoso digital, la exposición a materiales perjudiciales y mecanismos que buscan prolongar el tiempo de conexión. La organización Chicos.net sostiene que los riesgos varían según la edad y que el acompañamiento educativo debe formar parte de cualquier respuesta.

Los promotores piden una regulación nacional con controles y eventuales sanciones por incumplimiento. Su planteo no equivale a demostrar que toda exposición a pantallas cause problemas de aprendizaje: los efectos dependen de múltiples factores y deben examinarse según contexto y evidencia.

La iniciativa permanece en el terreno del debate legislativo y exige discusión parlamentaria.

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